REGIONAL. En una medida que busca reforzar la acción judicial frente a la escalada de violencia en la región, el Gobierno confirmó la ampliación de la querella por la nueva Ley Antiterrorista a todos los atentados que han sido adjudicados en los últimos meses. La decisión se da en medio de una seguidilla de ataques reivindicados por la organización Resistencia Mapuche Malleco (RMM), responsable de al menos tres de los últimos cuatro hechos violentos registrados.
Así lo informó el seremi de Seguridad Pública en La Araucanía, Israel Campusano, quien señaló que “ampliar la querella parece el camino más adecuado para indagar los últimos atentados”. El primer recurso legal presentado por el Ejecutivo bajo la nueva legislación fue por el ataque ocurrido en el relleno sanitario de Collipulli, donde fueron destruidas ocho máquinas, incidente que marcó un punto de inflexión en la aplicación de la norma antiterrorista.
Sin embargo, y considerando el patrón reiterado de adjudicaciones, la querella fue extendida a otros hechos similares. “Esta querella fue ampliada para que todos los atentados que fueron con adjudicación estuvieran bajo la misma causa, igual que los delitos de amenaza a la autoridad. Por lo tanto, todos los delitos que tuvieron adjudicación están siendo investigados por Ley Antiterrorista”, precisó Campusano.
Entre los casos incorporados se encuentra el atentado en la hostería Lejano Oeste de Ercilla, donde dos camiones fueron calcinados y otros tres resultaron con daños tras una ráfaga de disparos. En el lugar se halló una pancarta con amenazas dirigidas al director regional de Gendarmería, coronel Néstor Flores, y al alcaide del penal de Angol, quienes también fueron incluidos en la acción judicial.
Otro de los ataques incorporados en la querella es el incendio de la Capilla San Francisco, ubicada en la ruta CH-181 entre Curacautín y Victoria. La iglesia fue completamente destruida por las llamas y el hecho también fue reivindicado por la RMM, organización que ha intensificado sus acciones durante las últimas semanas dejando mensajes intimidatorios en cada lugar afectado.
La aplicación de la Ley Antiterrorista se sustenta en la reiteración de ataques con similares características, el uso sistemático de violencia armada y la existencia de amenazas explícitas a funcionarios públicos, elementos que dan sustento jurídico a la figura penal invocada por el Ejecutivo.
