TEMUCO. Una compleja situación enfrenta el Cuerpo de Bomberos de Temuco (CBT) luego de que la institución se viera obligada a indemnizar con más de $3,5 millones a su ahora exsecretaria, Maritza Herrera Campos, tras ser despedida en junio pasado por una causal que fue reconocida como errónea.
El hecho se remonta al 26 de junio de este año, cuando la funcionaria fue desvinculada tras revelarse un informe interno de la Comisión Contralora del CBT, que expuso un fraude por más de $40 millones mediante facturas falsas, las cuales fueron autorizadas para pago por el comandante Claudio Fuentes. En ese contexto, Herrera fue acusada de no cumplir con sus supuestas obligaciones de verificar la validez y la autorización de dichas facturas.
La causal invocada fue la falta de probidad contemplada en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, la cual hace referencia a un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato laboral. Sin embargo, la exfuncionaria reaccionó presentando una demanda por despido injustificado, asegurando que su rol como secretaria ejecutiva no incluía funciones contables ni de control financiero.
“La función de mi representada era de secretaria ejecutiva, pero jamás le correspondía el control de facturas ni el pago de estas, toda vez que existe contabilidad para tales efectos”, sostiene el escrito presentado por su defensa.
Conciliación y reconocimiento del error
A raíz de la demanda, el CBT optó por llegar a una conciliación en la cual aceptó el pago de $3.590.916 a la exfuncionaria, evitando así que el caso continuara en tribunales. Esta cifra corresponde a indemnizaciones por años de servicio, aviso previo y vacaciones proporcionales.
En la carta de despido, la institución acusó a Herrera de haber contribuido al fraude por omisión de sus supuestas funciones:
“El hecho de no cumplir con sus obligaciones en cuanto a controlar y verificar que las facturas que debía entregar para ser pagadas (…) fuesen reales (…) constituye un incumplimiento grave (…) que ha irrogado un detrimento patrimonial importante a su empleador”, señala el CBT en su comunicación oficial.
No obstante, el reconocimiento implícito del error por parte del empleador, al llegar a acuerdo extrajudicial, da cuenta de una falla administrativa que ahora deberá ser asumida con recursos públicos donados por la comunidad.
“Desprestigio y daño moral”
El abogado de la exsecretaria alegó que su representada fue utilizada como chivo expiatorio, en medio de una crisis interna por la millonaria defraudación, afirmando además que la mujer mantuvo una conducta intachable durante toda su carrera laboral:
“Creemos que este despido se produjo por presiones dentro de la misma organización, exigiéndole que desafecten a mi representada como reacción ante posibles hechos constitutivos de delito. No hay otra explicación”, argumentó su defensa.
“Este despido le impide acceder a nuevos empleos, lo que sin duda genera perjuicio moral dado la imputación de que es objeto y el ámbito de trabajo”, agregó el abogado.
