TEMUCO. La Universidad de La Frontera (UFRO) enfrenta una de las peores crisis financieras de su historia, con un déficit de 38 mil millones de pesos que ha desencadenado una serie de medidas y conflictos internos. Entre ellas, el despido de 298 funcionarios bajo modalidad de contrata para el próximo año, una decisión que ha provocado protestas, tomas de instalaciones y serias denuncias de irregularidades administrativas.
DENUNCIAS GRAVES DE MALVERSACIÓN
El ajuste financiero no solo ha generado malestar entre la comunidad universitaria, sino que también ha desatado graves acusaciones de mal uso de recursos. La facultad de Medicina denunció públicamente que fondos devueltos por compañías de seguros fueron redestinados por las autoridades sin justificación ni consentimiento. Además, señalaron adquisiciones cuestionables como una camioneta blindada y un hotel, así como el uso de recursos para fines personales y recreativos, describiéndolo como “turismo académico”.
La abogada Tania Urrutia, especialista en Derecho Administrativo, afirmó que las condiciones para una investigación penal están dadas. “Hay indicios suficientes para que la Fiscalía inicie de oficio una investigación por malversación de caudales públicos y cohecho”, señaló. También criticó lo que considera un “notable abandono de deberes” por parte de las autoridades universitarias, encabezadas por el rector Eduardo Hebel, quien actualmente está con licencia médica.
PROTESTAS Y RESPUESTA ESTUDIANTIL
En rechazo a los despidos y las irregularidades denunciadas, estudiantes han tomado varias instalaciones del campus Andrés Bello, exigiendo la renuncia de los responsables de la crisis. Paralelamente, el Consejo de Presidentes ratificó por tercera semana consecutiva un paro estudiantil, mientras se debate cómo culminar el año académico. Una de las propuestas más discutidas es la de finalizar las clases y evaluaciones de forma telemática, para minimizar el impacto académico en los estudiantes.
IMPACTO Y PERSPECTIVAS
La situación ha generado una profunda incertidumbre sobre el futuro de la UFRO. La comunidad estudiantil y los funcionarios exigen explicaciones transparentes y soluciones efectivas para solventar el déficit financiero sin perjudicar a trabajadores y estudiantes. Mientras tanto, la posibilidad de una investigación judicial podría esclarecer las responsabilidades y determinar si hubo delitos en el manejo de los recursos de la universidad.
