TEMUCO. La Universidad de La Frontera (UFRO) atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. A primera vista, el despido de 298 trabajadores y un déficit de $38 mil millones parecen ser el desenlace inevitable de una situación económica desafiante. Sin embargo, documentos exclusivos de auditorías internas de la Contraloría Universitaria revelan que el origen de esta crisis radica en un manejo financiero cuestionable, marcado por decisiones administrativas que comprometen la estabilidad de la institución.
El costo desmedido del personal
En los últimos cinco años, los gastos en sueldos y remuneraciones en la UFRO han experimentado un aumento exponencial, pasando de $33 mil millones en 2018 a más de $70 mil millones proyectados para 2024. Este crecimiento se debe, en parte, a políticas de contratación desmedidas y la implementación de beneficios extraordinarios.
“Uno de los principales impactos se produjo por el pago de la bonificación extraordinaria denominada ‘décimo tercer sueldo’, que en los años 2023 y 2024 significó una erogación de MM$7.799”, señala el informe de auditoría N°118. Además, el traspaso de trabajadores de contratos temporales (honorarios) a contratos permanentes (contrata) agregó un gasto de $10.915 millones entre 2022 y 2024.
Este incremento en los costos salariales llevó a que el gasto en personal superara el 50% de los ingresos totales, un límite crítico que, según la normativa interna de la universidad, no debería ser sobrepasado. Sin embargo, las auditorías critican que estas decisiones se tomaron “sin asegurar siempre que hubiera disponibilidad presupuestaria a futuro”, lo que agravó el desequilibrio financiero.
Fondos desviados y sobregiros bancarios
Un hallazgo particularmente grave fue el uso indebido de fondos destinados a proyectos de infraestructura (AIUE) para cubrir gastos operativos, como sueldos y bonos. “En enero de 2023, se transfirieron recursos de AIUE para pagar un bono de vacaciones, y en varios meses de 2023 y 2024 estos fondos se usaron para cubrir sobregiros bancarios generados por el pago de remuneraciones”, detalla la auditoría N°119.
El informe también revela que al 30 de septiembre de 2024 existían $4.300 millones en fondos AIUE no rendidos o utilizados incorrectamente, lo que podría derivar en sanciones y la obligación de devolver estos recursos al Ministerio de Educación.
Además, la UFRO enfrenta una deuda de $11 mil millones con el Fondo Solidario de Crédito Universitario, recursos que debieron haber sido utilizados exclusivamente para financiar matrículas y aranceles de estudiantes. En cambio, parte de estos fondos se desviaron hacia gastos operativos, lo que constituye una violación a las normativas vigentes.
La falta de controles y el desorden administrativo
La Contraloría Universitaria también cuestionó la falta de controles internos en la gestión de los proyectos financiados con recursos propios y de terceros. De los 441 proyectos auditados, 292 no tienen cuentas específicas asignadas, lo que dificulta el seguimiento de los fondos. “Se identificaron diferencias de casi $5 mil millones entre los montos reportados en las cuentas bancarias y los saldos reales”, afirma la auditoría N°120.
La plataforma Gestor de Proyectos, utilizada para administrar los recursos de la universidad, fue calificada como ineficiente, con información incompleta y desordenada. Esto incrementa el riesgo de errores y dificulta la toma de decisiones informadas.
La acumulación de deudas
La UFRO también ha acumulado compromisos financieros con instituciones bancarias, como una línea de sobregiro y empréstitos con el Banco Santander. “El monto total de los pasivos al 30 de septiembre de 2024 era de $37.875 millones, lo que refleja una dependencia crítica de financiamiento externo para cubrir el capital de trabajo”, advierte la auditoría N°122.
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